El 3+2

 

No se trata de ningún compás musical, ni de una oferta de un supermercado. El 3+2 es el resumen esquemático de la nueva ley que impulsa el ministerio de Educación. Cultura y Deporte para las Universidades. Significa cambiar el actual sistema de estudios por otro en el que los grados serán de 3 años, 180 créditos, y los posgrados, masterés, serán de dos años, o 120 créditos.

Después de la implantación del proceso de Bolonia en el sistema universitario español, los estudios universitarios quedaban configurados en grados de 4 años, con excepciones como medicina, y en posgrados, la implantación de Másteres oficiales, con una duración media de un curso o 60 créditos, también con alguna excepción como las ingenierías que tienen 90 créditos.  Este sistema de 4 + 1 imitaba en cierto modo los esquemas anteriores de las licenciaturas que eran generalmente de 5 años y que en muchos casos se estructuraba en 2 ciclos de 3+2 años.

En comparación con los estudios en otros países, las estructuras españolas concebían, antes y después de Bolonia, uno estudios  con mayor duración y, en muchos casos, especialización. Estos licenciados, y ahora, los graduados, terminaban sus estudios con unos currículos bastante más completos que su homólogos europeos que sólo poseían una educación básica superior que tenían que completar con posteriores estudios de especialización.  Técnicamente nuestros graduados poseían más competencias al terminar sus estudios sin necesidad de optar por el posgrado-máster.

La opción del 4+1 se tomó por parte de la universidad española por el miedo a perder puestos de trabajo si se optaba por la más común europea de 3+1. No se tuvo en cuenta que Bolonia exigía, o al menos recomendaba, grupos de 25 a 30 estudiantes por asignatura. Si eso se hubiera implementado de esa manera no habrían sobrado profesores. Pero el proceso se hizo a nuestra manera, es decir sin garantizar una financiación adecuada y con el típico “coste 0”. Naturalmente el cambio a costo cero es inviable si se quiere tener un mínimo de éxito. Por tanto, creo que se empezó muy mal con la implantación del sistema. Pero a lo largo de estos 7 años de vigencia del sistema las universidades se han adaptad al mismo y se supone que ahora es cuando deberíamos ver resultados positivos o negativos.

La reforma del sistema en este momento surge con la oposición de todos los sectores, salvo el del gobierno y la fuerza parlamentaria del PP. La CRUE, Conferencia de Rectores de España, ha observado grandes deficiencias en el proyecto y el informe del Consejo de Estado no es  favorable tampoco.

 

Entre los defectos que podemos comentar está en primer lugar la rapidez de su implantación. A partir del curso 2015-15 se podrían impartir estos grados de 3 años. No he leído aún el decreto pero pienso que implantar esos estudios en septiembre es prácticamente inviable, ya que se requerirá una aprobación de los planes de estudio por parte de ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y no se si podría hacerse en tan breve período. Otro defecto consiste en que surge una ley sin que se haya verificado si los planes Bolonia han funcionado o no puesto que aún no se han verificado. Otro factor a tener en cuenta es el incremento de los precios públicos en el tramo correspondiente al Máster de dos años. Los precios de éstos últimos son el doble o el triple de lo que se abona por los grados. En el mejor de los casos el alumno que completara los dos ciclos pagaría el doble que actualmente. Si a este condicionante unimos la política restrictiva de becas del ministerio podemos concluir que la finalidad del decreto es, en última instancia, limitar el acceso de la enseñanza superior a una élite con poder económico suficiente.

El decreto no hace obligatorio este sistema, con lo que podemos encontrarnos con universidades que lo adopten y otras que no.  La uniformidad no parece que sea un objetivo del decreto. Es más: ¿qué competencias profesionales otorgan uno y otro título? ¿Las mismas? ¿diferentes? Si son las mismas no habrá ningún alumno que quiera cursar estudios por el antiguo plan. ¿Se ha evaluado esto, o como siempre se improvisa?

Si ganara otra formación política las elecciones ¿se derogaría este decreto? No se puede estar cambiando al albur de las movidas políticas las leyes que configuran la educación cada cuatro años. Ese vaivén es inasumible.

La sociedad debe de tomar conciencia de lo que nos estamos jugando. Y nos estamos jugando el futuro de nuestras generaciones más jóvenes. No digo que este plan sea malo o bueno en si mismo, pero si digo que tal y como está desarrollado es una auténtica chapuza de improvisación. Sin un amplio consenso social no es posible, o no debería serlo, modificar leyes tan importantes como esta. Salvo que se pretenda destrozar la educación en todas sus etapas.

 

¿ Estamos ante una maniobra solapada para favorecer a las Universidades Privadas? Pues todo parece indicar que así es. Todo se privatiza y esto no podía ser una excepción. Una universidad privada puede hacer un máster de lujo simplemente con pagar a los mejores expertos para que impartan clases, mientras que una pública no puede hacerlo ya que los másteres son a “costo cero”. Eso implica que, salvo las grandes universidades, las pequeñas tendrán que desistir de impartir estos másteres. Y si los mismos conceden competencias profesionales tenemos un grave problema. Estaremos ante graduados que serán meros técnicos, equivalentes a los profesionales procedentes de formación profesional, y Másteres que podrán ejercer plenamente sus competencias, llámense abogados, ingenieros, arquitectos o médicos –aunque estos últimos van por libre.

No es verdad que este decreto permita elegir, es que obliga a cambiar de modelo.